Carlos III (Madrid, 20 de enero de 1716 - id. 14 de diciembre de 1788) Rey de Nápoles y Sicilia (1734-59) y de España (1759-88), perteneciente a la Casa de Borbón. Charles III of Spain.jpg Era el tercer hijo varón de Felipe V, el primero que tuvo con su segunda mujer, Isabel de Farnesio, por lo que fue su hermano paterno Fernando VI quien sucedió a su padre en el trono español. Carlos sirvió a la política familiar como una pieza en la lucha por recuperar la influencia española en Italia: heredó inicialmente de su madre los ducados de Parma, Piacenza y Toscana (1731); pero más tarde, al conquistar Felipe V el Reino de Nápoles y Sicilia en el curso de la Guerra de Sucesión de Polonia (1733-1735), pasó a ser rey de aquellos territorios con el nombre de Carlos VII. Contrajo matrimonio en 1729 con María Amalia de Sajonia, hija de Federico Augusto II, duque de Sajonia y de Lituania y rey de Polonia.
Durante su reinado en Nápoles y Sicilia, supo gobernar, reformar y modernizar el reino, unificándolo, conquistando el amor de los ciudadanos junto con su amada esposa María Amalia de Sajonia, continuó sus guerras contra Austria y participó junto con Francia y España en los llamados "Pactos de Familia".
Luego de la modernización del estado, se dedicó a explorar las artes, a los pensadores científicos, comenzó las excavaciones de las ruinas de Pompeya. La muerte sin descendencia de Fernando VI de España, hizo recaer en Carlos la Corona de España, que pasó a ocupar en 1759, dejando con gran tristeza tanto de los reyes como del pueblo, la corona del Reino de Nápoles y Sicilia a su tercer hijo, Fernando.
En 1761 se firmó el Tercer Pacto de Familia y España entró en el conflicto bélico. La guerra terminó con la Paz de París de 1763. España cedió a Gran Bretaña la Florida y territorios de golfo de México, a cambio de La Habana y Manila, conquistadas por los británicos, y la Louisiana francesa. Portugal, aliado británico, recuperó la colonia de Sacramento.
Sin embargo, para que el gitano pueda disfrutar de estas igualdades, debe de cumplir unas condiciones:
En marzo de 1766 se produjo el Motín de Esquilache. Su detonante fue la orden de cambiar la capa larga y el sombrero de ala ancha de los madrileños por la capa corta y el sombrero de tres picos. La manipulación realizada por sectores nobiliarios y eclesiásticos lo convirtió en un ataque directo a la política reformista llevada a cabo por ministros extranjeros del gobierno del Rey. De Madrid, se trasladó a las provincias afectando a ciudades como Cuenca, Zaragoza, La Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Barcelona, Cádiz y Cartagena entre otras muchas. El aglutinador común fue la protesta por la escasez y el alza de los precios de los alimentos ocasionados por la liberalización del comercial.
Los amotinados exigieron la reducción del precio de los alimentos y la supresión de la Junta de Abastos, la derogación de la orden sobre la vestimenta, el cese de ministros extranjeros de Carlos III y su sustitución por españoles y un perdón general. El Monarca desterró a Esquilache y nombró en su lugar al conde de Aranda.
Sectores de la nobleza y diversas órdenes religiosas estuvieron claramente en contra. Por todo ello, mediante el decreto real del 27 de febrero de 1767, se les expulsó de España y todos sus dominios y posesiones fueron confiscadas.
La expulsión de los jesuitas se quiso aprovechar para realizar una reforma de la enseñanza que debía fundamentarse en las disciplinas científicas y en la investigación. Sometió las universidades al patronazgo real y creó en Madrid los Estudios de San Isidro (1770) como centro moderno de enseñanza media destinado a servir de modelo y también las Escuelas de Artes y Oficios, que han perdurado hasta el siglo XX (cuando pasaron a llamarse Escuelas de Formación Profesional, EFP). Las propiedades de los jesuitas fueron utilizadas para la creación de nuevos centros de enseñanza y residencias universitarias. Sus riquezas, para beneficiar a los sectores más necesitados, se dedicaron a la creación de hospitales y hospicios.
En 1787, Campomanes elaboró un proyecto de repoblación de las zonas deshabitadas de las tierras de realengo de Sierra Morena y del valle medio del Guadalquivir. Para ello, y supervisado por Pablo de Olavide, intendente real de Andalucía, se trajeron inmigrantes centroeuropeos. Se trataba principalmente de católicos alemanes y flamencos, para fomentar la agricultura y la industria en una zona despoblada y amenazada por el bandolerismo. El proyecto fue financiado por el Estado. Se fundaron así nuevos asentamientos como La Carolina, La Carlota o La Luisiana, en las actuales provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla.
Se reorganizó al ejército, al que dotó de unas Ordenanzas en 1768 destinadas a perdurar hasta el siglo XX y se impulsó el comercio colonial: formando compañías como la de Filipinas y liberalizando el comercio con América en 1778. También destaca el Decreto de libre comercio de granos de 1765.
Entre los planteamientos teóricos para el desarrollo de la industria destacó el Discurso sobre el fomento de la industria popular de Campomanes, para complementar con ella la economía de las zonas rurales y hacer posible su autoabastecimiento. Las Sociedades Económicas de Amigos del País se encargaron de la industria y su teoría en ésta época.
Otras medidas reformistas del reinado fueron la creación del Banco de San Carlos, en 1782 y la construcción de obras públicas, como el Canal Imperial de Aragón y un plan de caminos reales de carácter radial, con origen en Madrid y destino Valencia, Andalucía, Cataluña y Galicia.
Entre los aspectos más duraderos de su herencia quizá haya que destacar el avance hacia la configuración de España como nación, a la que dotó de algunos símbolos de identidad (como el himno y la bandera) e incluso de una capital digna de tal nombre, pues se esforzó por modernizar Madrid (con la construcción de paseos y trabajos de saneamiento e iluminación pública) y engrandecerla con monumentos (de su época datan la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado —concebido como Gabinete de Historia Natural— o la inauguración del nuevo Jardín Botánico, en sustitución del antiguo de Migas Calientes) y con edificios representativos destinados a albergar los servicios de la creciente administración pública. El impulso a los transportes y comunicaciones interiores (con la organización del Correo como servicio público y la construcción de una red radial de carreteras que cubrían todo el territorio español convergiendo sobre la capital) ha sido, sin duda, otro factor político que ha actuado en el mismo sentido, acrecentando la cohesión de las diversas regiones españolas.
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